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La responsabilidad penal de las personas jurídicas [1]

por  Alicia Rodríguez Núñez
Por Alicia Rodríguez Núñez
Profesora Titular de Derecho Penal (UNED)


La última reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en vigor desde el 23 de diciembre pasado, rompe con el principio societas delinquere non potest (la persona jurídica no puede delinquir) al prever taxativamente en algunos delitos[2] la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas. Establece para  las entidades con forma de personas jurídicas un tratamiento diferenciado respecto de las empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que carecen de personalidad jurídica

En la redacción anterior del Código Penal de 1995, los únicos responsables directos y personales por los delitos atribuibles a los entes con personalidad jurídica eran sus administradores de hecho o de derecho o las personas que actuaban en su nombre o representación legal o voluntaria (art. 31.1 CP). A partir de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, en el caso de que se impusiera una multa al autor del delito se hacía corresponsable del pago de manera solidaria a la persona jurídica (art. 31.2 CP).

Ley Orgánica 5/2010 mantiene la responsabilidad personal de los representantes que actúan en nombre de la persona jurídica (art. 31 CP) y, en paralelo, ha introducido la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, en el nuevo art. 31 bis CP[3], en dos supuestos:1) por aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por sus representantes legales o de hecho; 2) por aquellos delitos que hayan podido realizar, en el ejercicio de actividades sociales por cuenta y en provecho de ellas, quienes, estando sometidos a la autoridad  de los representantes legales y administradores de hecho o de derecho, por no haber ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. En definitiva, se reprocha a la persona jurídica la no evitación del delito como forma de participación en un delito de otro por omisión al menos con dolo eventual (primer supuesto), o en comisión por omisión por imprudencia grave al no haber ejercido el control adecuado a las circunstancias (segundo supuesto). La imprudencia tendrá que ser grave ya que la modalidad leve no da lugar a la calificación como delito en nuestro derecho sustantivo.

Quedan expresamente excluidos en la aplicación de las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, salvo que se aprecie que se trata de una forma jurídica creada con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal: el Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, los partidos políticos y sindicatos, las organizaciones internacionales de derecho público y aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general (art. 31 bis.5 CP).

La responsabilidad de las personas jurídicas, por la naturaleza de éstas, está siempre ligada a la acción u omisión de personas físicas, pues la persona jurídica es una ficción para poder dotar a los entes colectivos de derechos y deberes jurídicos que les permitan operar en el ámbito social. 

El art. 33.7 CP establece las penas aplicables a las personas jurídicas[4], todas con la consideración de graves. Entre ellas se encuentra la pena de multa por cuotas o proporcional dando lugar a la supresión del número 2 del art.31 CP en su anterior redacción. La pena de multa puede liquidarse en pago fraccionado durante un periodo de hasta cinco años siempre que se pruebe que la cuantía puede poner en peligro la supervivencia de la persona jurídica o los puestos de trabajo existentes o así aconseje el interés general. En caso de impago en el plazo señalado el Tribunal puede acordar su intervención hasta el pago total[5].

Para la determinación de la pena en delitos dolosos son aplicables los arts. 66 y 66 bis. El nuevo art. 66 bis CP[6] dispone reglas complementarias de las establecidas en las reglas 1ª a 4ª y 6ª a 8ª del art. 66.1 CP[7]. En los delitos imprudentes se deja que los jueces y tribunales decidan la pena a su prudente arbitrio sin sujetarse a la reglas del art. 66.1 CP (art. 66.2 CP). Las penas de suspensión de las actividades, de clausura de los locales y establecimientos, de prohibición de realizar en el futuro determinadas actividades, de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o de intervención judicial, no pueden tener mayor duración que la máxima de la pena privativa de libertad prevista para la persona física autora del delito.

En cuanto a la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, es de aplicación el art. 116 CP[8] que prevé la responsabilidad solidaria con las personas físicas condenadas por los mismos hechos a tenor de lo establecido en el art. 110 CP. Lo que comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales.

Respecto a la prescripción de la responsabilidad penal, se ha añadido un apartado 2 al art. 130[9] para que la persona jurídica no evite la extinción de esta responsabilidad utilizando la transformación, fusión, absorción, escisión o disolución encubierta o aparente.

Por otra parte, desaparecen las consecuencias accesorias para las personas jurídicas. El nuevo art. 129 CP establece unas consecuencias accesorias, de contenido similar a las penas del art. 31 bis CP, únicamente para los delitos y faltas cometidos “en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis de este Código”. Antes de la reforma por LO 5/2010, al no poder decretar la responsabilidad directa de las personas jurídicas se les aplicaba, al menos, unas medidas accesorias. Después de la reforma estas medidas accesorias han pasado a ser claramente penas para las personas jurídicas constituidas legalmente (art. 33.7 CP) quedando como consecuencias accesorias solamente para entidades o agrupaciones de personas que no tienen la forma legal de persona jurídica. De hecho, el art. 129 CP remite directamente al contenido de los apartados c) a g) del  art. 33.7 CP para darles el mismo contenido cuando coinciden en la misma naturaleza.

 


[1]El equipo de investigación estima importante el reconocimiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas, por cuanto los códigos de conducta son suscritos habitualmente entre organizaciones con personalidad jurídica, y por cuanto de la infracción de aquéllos se pudieran derivar en alguna ocasión responsabilidades penales para éstas.

[2]Delitos: Tráfico de órganos (art. 156 bis); trata de seres humanos (177 bis.7); prostitución, corrupción de menores y pornografía infantil (art. 189 bis); descubrimiento y revelación de secretos (art. 197.8); estafa (art. 251 bis); insolvencias punibles (art. 261 bis); daños informáticos (art. 262.4); delitos relativos a la propiedad intelectual, la propiedad industrial, el mercado y los consumidores (art. 288); blanqueo de capitales (302.2); contra la Hacienda pública y la Seguridad social (310 bis); contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis.4); urbanísticos (art. 319.4); contra el medio ambiente (arts. 327 y 328.6); contaminación con materiales o radiaciones ionizantes (art. 343.3); riesgos provocados por explosivos y otros agentes (art. 348.3); tráfico ilegal de drogas (art. 369 bis); falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis.1); cohecho (art. 427.2); tráfico de influencias (art. 430); corrupción de funcionarios púbicos extranjeros o de organizaciones internacionales (art.445.2); financiación del terrorismo (art. 576 bis.3).

 
[3]Art. 31 bis CP: “ 1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.
3. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente.
4. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:
a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades.
b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
5. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.
En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

 
[4]Art. 33.7 CP : «Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes:
a) Multa por cuotas o proporcional.
b) Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria.
La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.

 
[5]Art. 53.5 CP: “Podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a una persona jurídica, durante un período de hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquélla o el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general. Si la persona jurídica condenada no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma.”
 
[6]Art. 66 bis CP: “En la aplicación de las penas impuestas a las personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas 1.ª a 4.ª y 6.ª a 8.ª del primer número del artículo 66, así como a las siguientes:
1.ª En los supuestos en los que vengan establecidas por las disposiciones del Libro II, para decidir sobre la imposición y la extensión de las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 habrá de tenerse en cuenta:
a) Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.
b) Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores.
c) El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control.
2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física.
Para la imposición de las sanciones previstas en las letras c) a g) por un plazo superior a dos años será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:
a) Que la persona jurídica sea reincidente.
b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.
Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las letras b) y e), y para la imposición por un plazo superior a cinco años de las previstas en las letras e) y f) del apartado 7 del artículo 33, será necesario que se dé alguna de las dos circunstancias siguientes:
a) Que se esté ante el supuesto de hecho previsto en la regla 5.ª del primer número del artículo 66.
b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal.”

 
[7]Art. 66 CP: “1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:
1.ª Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito.
2.ª Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias atenuantes.
3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito.
4.ª Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior.
efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.
6.ª Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.
7.ª Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior.
8.ª Cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán hacerlo en toda su extensión.

 
[8]Art. 116 CP: “3. La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.”
 
[9]Art. 130 CP: “ 2. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella.
No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.”

 


 

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