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Home Blog CDC Nueva Ley sobre Economía Social

Christi Amesti Mendizábal
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Complutense de Madrid



El pasado día 30 de marzo, se publicó en el BOE la Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía Social.

El citado texto legal introduce en nuestro Derecho positivo el concepto de Economía Social. El artículo 2 de la Ley, define la economía social como el conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4 de la propia Ley, persiguen el interés colectivo de sus integrantes o el interés general económico o social, o el de ambos en su caso.

El objeto de la Ley es configurar un marco jurídico común para el conjunto de las entidades que integran la economía social. Sin embargo, el legislador no pretende sustituir, ni modificar de forma sustantiva  la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma el sector. Por el contrario, el fin que se persigue es el reconocimiento y mejor visibilidad de la denominada economía social, siendo su ámbito de aplicación todas las entidades de la denominada economía social que actúen dentro del Estado, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a las Comunidades Autónomas.


La Economía social, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley5/2011, la constituyen las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios que se contemplan en el artículo 4 del mismo texto legal.

Para que se encuentren comprendidas en el ámbito de la economía social, las entidades deben actuar con arreglo a los cuatro principios a los que se refiere el ya citado artículo 4 de la Ley.


El primer principio supone la primacía de las personas y del fin social sobre el capital. El citado principio se concreta en una gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleve a la entidad a tomar decisiones guiada prioritariamente por las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o, por su fin social, frente a otros criterios tales como las aportaciones al capital social.

El segundo principio establecido por la Ley, se refiere a la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, que debe realizarse especialmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad económica realizada por los socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social de la entidad. Ellegislador al enunciar este principio, introduce una expresión que supone una cierta novedad en nuestros textos legales al referirse a “socias y socios”.


El tercer principio en el que se apoya el concepto de economía social, se refiere a la promoción de la solidaridad interna y con la “sociedad”, que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. Conceptostodos ellos que conectan con el sustrato del concepto de la responsabilidad social corporativa de las sociedades de capital. Sin embargo, debe destacarse que en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, las sociedades de carácter capitalista, voluntariamente,  realizan actividades encaminadas a la consecución de estos fines de carácter social, mientras que las entidades denominadas de economía social, deben promocionar y guiarse por el objetivo de conseguir dichos objetivos.


Y, por último, el cuarto principio se refiere al deber que incumbe a las entidades de economía social de ser independientes de los poderes públicos.

Las entidades de la economía social podrán constituir asociaciones para la representación y defensa de sus intereses y, a su vez, las asociaciones podrán agruparse entre sí, todo ello de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 5/2011. El Ministerio de Trabajo e Inmigración elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de carácter público, de los diferentes tipos de entidades integrantes de la economía social.

El legislador encomienda a los poderes públicos que en sus políticas de promoción de la economía social, promocionen, estimulen y desarrollen las entidades de la economía social y sus organizaciones representativas, cuestión a la que dedica varias disposiciones legales de la nueva Ley.

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