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DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

por  Teresa Rodriguez de las Heras. Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad Carlos III de Madrid

 

TERESA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL External link

Profesora Titular de Derecho Mercantil

Universidad Carlos III de Madrid
 

 

I.- Antecedentes

Tras tres años de negociaciones y acompañado de una abierta polémica, el 23 de junio de 2011 el Parlamento Europeo aprueba el texto de compromiso acordado una semana antes por el Comité de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento para la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Derechos de los Consumidores. El proceso legislativo que culmina con la aprobación de la futura Directiva arranca con la Propuesta de la Comisión de octubre de 2008 (COM(2008) 614 final) para dotar a los consumidores en el mercado interior de un marco normativo uniforme, actualizado y simplificado. La consecución de estos objetivos de modernización y armonización ha resultado finalmente en la adopción de un único texto normativo que recoja los derechos de los consumidores dispersos hasta ahora en diversas Directivas. La nueva Directiva modifica la Directivas 93/13/EEC y 1999/44/EC sobre cláusulas abusivas y garantías de los bienes de consumo, respectivamente, y deroga las Directivas 85/577/EEC sobre contratos negociaciones fuera de establecimientos comerciales y 97/7/EC sobre contratos a distancia.

II.- Oportunidad de la reforma

La oportunidad de la Directiva parte de la constatación revelada por un estudio de la situación de las ventas transfronterizas en el mercado interior que muestra que la alta fragmentación legislativa derivada de la transposición dispar por los Estados de las Directivas de mínimos parece estar obstaculizando el comercio transfronterizo con consumidores, afectando, en particular, con especial gravedad al comercio electrónico (B2C) por efecto de la reticencia de los consumidores a celebrar contratos con comerciantes de otros Estados, la incertidumbre sobre la normativa tuitiva aplicable y, en consecuencia, los elevados costes de cumplimiento normativo que para los comerciantes implica una estrategia transfronteriza de comercialización.

Junto a la razonabilidad de los objetivos, merecen una valoración favorable la simplificación considerable que la reforma implica en el panorama normativo aplicable a los contratos con consumidores en el mercado único y la estrategia de armonización plena que logra la uniformidad de un reglamento con la capacidad de adaptación al ordenamiento nacional de las directivas. En efecto, una de las características de la Directiva especialmente relevadora de los objetivos inspiradores de la reforma es su configuración como Directiva de armonización plena (Artículo 4) que impide que los Estados puedan alterar el nivel de protección de los consumidores con disposiciones más tuitivas o menos proteccionistas – salvo que se aplique la regla de minimis para contratos celebrados fuera de establecimiento por un valor no superior a 50 Euros o una cantidad inferior que pudieran establecer los Estados (Artículo 3.4.) -.

Igualmente oportuna resulta la reforma si tenemos en cuenta que la evolución de las prácticas comerciales hace recomendable una reinterpretación de ciertos conceptos legales. El caso de la noción legal de “contrato a distancia” resulta especialmente revelador de la necesidad de actualización de conceptos. En este sentido, sin embargo, la redacción final se ha modificado significativamente volviendo en la última versión a una definición muy cercana a la existente que incluía el conocido elemento organizativo (contrato “celebrado en el marco de un sistema de ventas o de prestación de servicios a distancia organizado por el proveedor”). La eliminación de este criterio pretendía reflejar, entre otros supuestos, los casos de uso por parte del comerciante de una plataforma proporcionada por un tercero como sistema de ventas o de prestación de servicios a distancia (portales empresariales, plataformas, mercados electrónicos). En esa versión previa resultaba especialmente sugerente el tratamiento de las cuestiones relativas a la noción de “intermediario” y su aplicación a las plataformas de comercio electrónico, sistemas P2P y similares. Era un aspecto interesante que la Directiva tocaba aunque sin profundizar. Pero, finalmente se ha optado por preservar el criterio organizativo e interpretarlo ampliamente para contemplar estos supuestos sin mayores referencias la figura del intermediario.

Otra de las cuestiones que se ha incorporado al texto en las últimas versiones ha sido la referida a los contratos de suministro de contenidos digitales (Artículo 2.11). Esta incorporación plantea cuestiones interesantes pero abre, a la vez, espacios de incertidumbre. En primer lugar, resulta desconcertante que el Considerando 19 de la futura Directiva, después de afirmar que la Directiva se aplicará a los contratos de suministro de contenidos digitales y de advertir que cuando éstos se suministren en un soporte tangible, serán tratados como contratos relativos a bienes (contrato de compraventa, por ejemplo), precise que aquellos en los que no se recurre a un soporte tangible, no serán considerados ni contratos de compraventa ni contratos de servicios. En segundo lugar, se reconoce el derecho de desistimiento en estos contratos pero se adapta a las particularidades de su prestación y del objeto (Artículo 16.m). En tercer lugar, se incorpora en la lista de aspectos que debe cubrir la obligación de información precontractual dos elementos particularmente referidos a los contratos de suministro de contenidos digitales: funcionalidad e interoperabilidad (Artículo 5.1.g/h). Ambas son cuestiones muy interesantes y cuyo tratamiento resulta muy oportuno. Aunque quizá, y parece deducirse esta misma percepción del propio texto, se haya querido introducir una referencia algo precipitada y excesivamente escueta, mereciendo la cuestión un tratamiento completo y más detallado.

III.- Deficiencias y principales debilidades

Con todo la Directiva muestra algunas deficiencias significativas.

Se incumple con frecuencia el principio de neutralidad tecnológica con referencias a dispositivos específicos o tecnologías concretas que acelerarán su obsolescencia jurídica y provocarán una distorsionante intrusión de la norma en el mercado. Así,

por ejemplo, si bien parece, a primera vista, adecuado que el espectacular desarrollo del comercio electrónico a través de dispositivos móviles (m-commerce) haya tenido el correspondiente impacto en el articulado de la Directiva (Artículo 8.4), fundamentalmente en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de información precontractual, su regulación esconde una práctica legislativa merecedora de ciertas críticas. Debe partirse de la premisa de que el empleo de dispositivos móviles no altera las reglas básicas de la transacción bajo una coherente aplicación de los principios de neutralidad tecnológica, equivalencia funcional e inalteración del Derecho preexistente. Sin embargo, el apreciable grado de detalle con que ha llegado a determinarse el alcance de la obligación de información (Artículo 6) en los contratos a distancia y celebrados fuera de establecimiento hace difícil su literal cumplimiento a través de determinados dispositivos por exclusivos motivos de legibilidad, y dimensión del espacio de lectura. Esto parece justificar la necesidad de tener que adaptar estas reglas a las particularidades de los dispositivos de acceso empleados. Una práctica que nos parece poco deseable como técnica legislativa pues confirma una tendencia a la redacción legislativa profusa, detallada y casi manualística, más que a la formulación de reglas generales y principios capaces de resolver cuestiones nuevas, no previstas específicamente, y condena irremediablemente las soluciones normativas a la obsolescencia inmediata.

Se detectan, a mi entender, definiciones imprecisas y, sobre todo, desacertadas. Especialmente significativa me resulta la definición de soporte duradero que confunde el dispositivo de almacenamiento de la información en soporte digital (USB, DVD, etc) con el soporte en sí que es, en tales casos, el soporte digital independientemente del sistema de acceso, creación y almacenamiento que se emplee.

Además, la polémica despertada por la propuesta de Directiva se refería precisamente a algunas de sus decisiones sustantivas, algunas de las cuales se han eliminado en posteriores versiones, o se han atenuado pero otras se han mantenido o reforzado. Del resultado de este proceso de depuración de la propuesta se puede hacer un balance inicial.

Muchas de las reacciones negativas que ha provocado la Directiva se deben seguramente a los objetivos mismos que la justifican. En este sentido, en la medida en que la nueva Directiva pretende armonizar de forma plena y evitar la disparidad legislativa entre los Estados, en aquellos puntos en los que la diversa regulación nacional había creado escenarios de protección diversa ha tendido a armonizar al alza. En la medida en que la Directiva trata de reequilibrar la asimetría que define las relaciones B2C, puede imponer cargas a las empresas que hagan la prestación de su actividad excesivamente onerosa. Especialmente rechazables resultan aquellas obligaciones de corte formal y naturaleza burocrática que no reflejan una protección real y efectiva de los intereses de los consumidores. Pero han de valorarse positivamente aquellas otras que tiendan a armonizar el nivel de protección en el mercado único.

Entre las cuestiones más controvertidas ha estado la inicial regulación del derecho de desistimiento que si bien resulta, en líneas generales, razonable y equilibrado para los intereses implicados con límites a su ejercicio y excepciones para evitar un uso abusivo por parte de los consumidores, preveía que los gastos de devolución corrieran, en ciertas circunstancias a cargo de la empresa, un elemento carente de uniformidad práctica entre los Estados miembros. A pesar de la modificación de este extremo en la versión aprobada, las condiciones de ejercicio del derecho de desistimiento han seguido centrando gran parte de la disconformidad de la industria. La unificación del plazo para que el consumidor ejercite su derecho a 14 días (Artículo 9) y la previsión de un plazo adicional máximo de otros 14 días (Artículo 14) para la devolución del producto es considerado excesivo y desestabilizador para la gestión de stocks y logística de las empresas.

 

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