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Home Blog CDC LAS LEYES DE ECONOMÍA SOCIAL Y DE ECONOMÍA SOSTENIBLE: “El espíritu de las leyes”

Manuel I. Feliú Rey External link
Prof. Titular de Derecho Civil
Universidad Carlos III de Madrid


Bajo el pretencioso título de este brevísimo comentario a dos leyes (con minúscula), como son la Ley de Economía Sostenible External link y la Ley de Economía Social External link, y  sin perjuicio de otros  posibles comentarios que puedan efectuarse en sucesivas entregas, indicamos ahora que lo primero que causa admiración es la denominación ampulosa de ambas leyes. Parecen ser dos leyes taumatúrgicas que, al unísono y sectorialmente (sostenible – social) son llaves maestras de la economía. Nada más lejos.

Desde luego, el primer reproche que merecen ambas leyes –reproche compartido- es la defectuosa técnica jurídica. Resulta sorprendente que la Ley de Economía Sostenible (en lo sucesivo LECSB) comience paradójicamente –después de un largo desarrollo de principios que dudosamente son cumplidos en el texto legal- con el Capitulo I cuya rúbrica es “Mejora de la calidad de la regulación”. Indiscutiblemente la “Mejora de la calidad de la regulación” debería comenzar precisamente con las leyes que emanan del Congreso, y que desde hace ya varias lustros adolecen (si bien no todas) de la consabida falta de claridad expositiva, rigor técnico y precisión jurídica.

El desarrollo del citado Capitulo I es cosa sabida para cualquier estudiante avezado de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de cualquier Licenciatura en Derecho. Pero la paradoja es que la LECSB no se aplica su propio rasero ya que básicamente todo el texto normativo en lugar de regular en sentido estricto se limita realizar consideraciones de carácter general.

Es de pura lógica que como tal Ley no puede entrar en la reglamentación minuciosa, propia de una norma de desarrollo de inferior rango jerárquico normativo, pero tampoco puede limitarse a la mera formulación de “filosofías” y una relación de “principios” que, además de introducir las más de las veces indefinición y ambigüedad (enemigas de la ley), suponen reiteraciones ya sabidas por venir recogidas en leyes del mismo cuño o bien pertenecer per se al mas elemental sentido común jurídico . Y por otra parte, cuando “regula” o “norma” lo hace en ocasiones con tal desatino que se han alzado voces poniéndolo de manifiesto. Los casos mas clamorosos han sido el artículo 111 (Obras e instalaciones necesarias para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano) el cual prescinde absolutamente, entre otras, de la Ley de Propiedad Horizontal –que cita- introduciendo un “caballo de Troya” en dicha normativa jurídico-privada en lugar de regular en su integridad el supuesto de hecho que contempla (y que es loable).

¿Tan difícil hubiera sido introducir la correspondiente modificación y armonización de la LPH? No se diga que no se pudo (sino que no se “supo”), ni que la materia (LPH) no respondía a la LECSB. También debería haberse reformado la LAU por cuanto los artículos 110 y el 111 hacen referencia implícita a ella.

Pero mayor trascendencia (a fecha de hoy, porque a largo plazo la carencia de armonización entre LECSB y LPH dará mucho que hablar ya que el 111,2º LPH supone una auténtica reforma de la LPH) es la Disposición Adicional 16, a tenor de cuya redacción - ¡y que redacción!- se establecía la aplicación del contrato de agencia al contrato de distribución de vehículos automóviles e industriales. Habida cuenta la, a nuestro juicio, enorme metedura de pata de nuestros Legisladores, preferimos no ahondar en la herida. Bastante se ha escrito ya al respecto.

Cuál no sería el revuelo y criticas levantadas que la disposición final cuarta de la Ley 7/2011 (BOE 12 de abril 2011) establece que “esta disposición no será aplicable y no producirá efectos jurídicos hasta la entrada en vigor de la Ley de contratos de distribución comercial” Es decir, apenas un mes después de la publicación de la LECSB el propio legislador tuvo que dar marcha atrás. Increíble pero cierto.

Así, descontentos unos (distribuidores de vehículos) y descontentos otros (distribuidores en general de mercaderías en general). Los primeros por el “marcha atrás” del legislador. Los segundos, por el “patinazo” del mismo. Y todos ellos por la ausencia de una regulación en materia de contrato de distribución.

No es de extrañar, pues, que la agencia EFE, el 14 de abril –tras la ley 7/2011- difundiera la noticia consistente en la critica efectuada por el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto) “de no existir aun un código de buenas prácticas de la distribución en España, a pesar de que el miércoles entrara en vigor una enmienda incluida en la Ley de sistemas de pagos, por la que se anula otra enmienda a la Ley de Economía Sostenible que creó un nuevo marco normativo para la distribución de automóviles, y ello a pesar del compromiso asumido por el Gobierno –no solo de regular la distribución de vehículos- consistente en la creación de un código de buenas prácticas y un sistema de resolución de conflictos que regularán las relaciones entre las partes hasta que entre en vigor la nueva Ley de Contratos de Distribución”.

En otras palabras: no hay marco normativo ad hoc para la distribución; el que se establece se limita solo aun determinado sector de la distribución (automóviles) y referido a la Agencia; posteriormente, se produce un “marcha atrás” y afortunadamente desaparece esa “aberración” normativa; pero aun y todo, sigue sin existir un marco normativo especifico, sea a través de la self-regulation sea a través del Parlamento.

¿Pero de que nos podemos sorprender, si ni siquiera el Gobierno cumple un “Código de Conducta” a la hora de elaborar las leyes?

Creo sinceramente que, como hiciera Stendhal en su día, al legislador actual no le vendría mal leer antes el Código Civil para formarse un estilo: “Antes de ponerme a escribir una novela leo durante algunos días el Código Civil para formarme el estilo”  (STENDHAL)

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