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Convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, naturaleza y eficacia jurídica

por  Olivier Soro Russell (Becario predoctoral programa FPU MEC. Departamento de Derecho Civil - Universidad Complutense de Madrid)

Por:
YOLANDA SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y S.S.
Universidad Complutense de Madrid
Miembro de los I+D SEJ2006-07116 (Códigos de conducta y actividad económica: una perspectiva jurídica) y DER2009-07708 (Códigos de conducta en la distribución de bienes y prestación de servicios en la Unión Europea)


El pasado 17 de febrero apareció en la web de Europa Press una noticia que comenzaba diciendo “La organización iberoamericana de seguridad social (OISS) presentó este miércoles el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que permitirá a los cerca de 6 millones de trabajadores migrantes y empleados de multinacionales de los 14 países que han suscrito dicho acuerdo obtener una cobertura social equiparable a la de los nacionales de los países en los que están asentados”.
Y se continuaba en la noticia afirmando, esta vez entrecomillando palabras del Secretario de Estado de la Seguridad Social española, Octavio Granado, “que va a facilitar la globalización de las prestaciones sociales en un mundo donde el mercado de trabajo ya está globalizado”.

Para terminar afirmando, en palabras de Adolfo Jiménez, Secretario General de la OISS, que “vamos a conseguir que este Convenio Multilateral sea una especie de código de buenas prácticas que pueda extenderse en el futuro inmediato a los países de la Unión Europea y al resto de los países de la comunidad iberoamericana…”.

Ante estas aseveraciones, de inmediato surge la cuestión siguiente ¿qué naturaleza jurídica tiene el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social? Y, como consecuencia ¿cuál es su eficacia jurídica?

Comencemos por afirmar que el Convenio se adoptó en la XVII Cumbre Iberoamericana, 2007; fue suscrito por 14 países y ha sido ratificado por 5 de ellos (entre ellos, y de ahí la noticia recogida por Europa Press, España, que ha depositado en la Secretaria General Iberoamericana el Instrumento de Ratificación del Parlamento español).

No es, por tanto, un convenio, acuerdo, pacto suscrito y promovido por un organismo, en el caso, la OISS, que, a modo de buenas prácticas, orientaciones o principios se ofrezca a sus miembros (entre ellos, los gobiernos de los países iberoamericanos y de los países que se vinculan por los idiomas español y portugués) para que lo utilicen en las relaciones intraestatales derivadas de la concurrencia de normas nacionales distintas en materia de Seguridad Social.  No es, valga la comparación, un Pacto Global o Acuerdo Marco Internacional negociado por la OISS y sus miembros,  titulares y asociados.

Sin entrar en el contenido del Convenio, cuyo texto  puede consultarse en http://www.oiss.org/IMG/pdf/Convenio_2007_esp.pdf, debe tenerse en cuenta que tras la ratificación por el Parlamento español,  depositado, de conformidad con lo dispuesto en su art.35, en la Secretaría General Iberoamericana a través de la OISS,  se incorporará a nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo dispuesto en el art. 96 CE.

Cuando entre en vigor,  devendrá norma jurídica, aplicable en todos aquellos casos en que no existan convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social vigentes entre los Estados Parte. Y, en aquellos casos en que existan -puede consultarse la lista de convenios bilaterales suscritos por España con países iberoamericanos en la WEB del MTIN-  se aplicará de modo preferente en todo aquello que resulte más favorable al beneficiario.

De otro lado, el recurso a la “globalización” como justificación reiterada de la suscripción del Convenio es innecesario. Sencillamente, el Convenio sólo tiene como objetivo establecer métodos de coordinación entre las legislaciones nacionales de los países firmantes en materia de Seguridad Social con la finalidad de, utilizando el modelo de Reglamento Comunitario en materia de Seguridad Social, garantizar los derechos adquiridos o en curso de adquisición de los trabajadores migrantes y sus familiares. No se trata, por tanto, de establecer mínimos o regulación de mínimos en el contenido concreto de las distintas prestaciones de Seguridad Social, no pretende armonizar legislaciones nacionales en materia de Seguridad Social fijando “un mínimo social” en esta materia.

Si es así, este Convenio no tiene como finalidad que los trabajadores migrantes y empleados de multinacionales de los 14 países que lo han suscrito obtengan una cobertura social equiparable a la de los nacionales de los países en los que están asentados.  La cobertura la obtendrán de acuerdo con la legislación de Seguridad Social del Estado Parte en cuyo territorio ejerzan la actividad (sin perjuicio de las reglas especiales que establece el art.10 del Convenio). Otra cosa, bien distinta, es que la Administración de Seguridad Social de ese país haya de tener en cuenta los períodos de cotización cubiertos en el territorio de otro Estado Parte y que, una vez causada la prestación, se conserve el derecho a la misma y se pague en territorio de otro Estado Parte cuando el beneficiario se encuentre o resida en él.

Tampoco es un código de buenas prácticas para otros Estados, sean o no de la Unión Europea. En primer lugar, en el ámbito de la Unión Europea como Derecho Derivado rige en esta materia el Reglamento CE 883/2004, de 29 de abril,  que establece reglas de coordinación de normas de Seguridad Social cuando los ciudadanos de los diferentes Estados Miembros prestan servicios sucesivamente en el territorio de varios de ellos y que, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento 859/2003, de 14 de mayo, se aplica también a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión Europea. Por tanto, nada tiene que “imitar” o “copiar” la normativa comunitaria a este Convenio Multilateral.

En segundo lugar, la expresión utilizada por el Secretario General de la OISS sólo ha de entenderse, a nuestro juicio, en sentido coloquial; esto es,  con el significado de modelo o guía para otros convenios multilaterales o bilaterales que, sobre la materia, pudieran firmar los diferentes países de la Unión Europea con países iberoamericanos. Pero no en el sentido de los países que no lo han suscrito, sean países de la Unión Europea o de Iberoamérica se comprometan a adoptarlo en un futuro más o menos próximo.

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