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Por:
CHRISTI AMESTI MENDIZÁBAL

Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad Complutense de Madrid
Miembro del Grupo "Coordenadas Actuales del Derecho Patrimonial" (COADEPA)


Debate sobre la limitación del número de votos que puede emitir un mismo accionista en la Juntas Generales de las sociedades cotizadas.

En las últimas semanas vienen publicándose en la prensa  nacional, numerosas noticias relativas a la prohibición de establecer limitaciones  al número máximo de votos que puede  emitir un solo accionista.

La razón por la cual dicha cuestión se ha convertido en  objeto de noticia, se debe al debate sobre la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la prohibición de establecer en los estatutos de las sociedades cotizadas, cláusulas que limiten el número máximo de votos.

En efecto, el pasado 25 de febrero, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se publicaban las Enmiendas propuestas por los distintos grupos parlamentarios al Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de Sociedades Anónimas, para su adaptación a la normativa comunitaria.
Una de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista consiste en introducir un apartado en la disposición final 5ª, del citado Proyecto, por el cual se modificaría el artículo 105, en su apartado 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y  que establecería que “en ningún caso podrán los estatutos sociales limitar el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo, siendo nulas de pleno derecho  las cláusulas estatutarias  en que, directa o indirectamente, se establezca dicha limitación”. La citada enmienda se sustenta, según se señala en la propia enmienda, en  el cumplimiento de la Recomendación del Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de 19 de mayo de 2006 y en la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007.


Por:
CELIA de la TORRE JURADO
Abogado especialista en Telecomunicaciones


Comentario a la  noticia de la Agencia EFE de 10 de marzo de 2010 sobre incumplimiento del Código de Conducta para la prestación de servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes.

Por:
YOLANDA SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y S.S.
Universidad Complutense de Madrid
Miembro de los I+D SEJ2006-07116 (Códigos de conducta y actividad económica: una perspectiva jurídica) y DER2009-07708 (Códigos de conducta en la distribución de bienes y prestación de servicios en la Unión Europea)


El pasado 17 de febrero apareció en la web de Europa Press una noticia que comenzaba diciendo “La organización iberoamericana de seguridad social (OISS) presentó este miércoles el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que permitirá a los cerca de 6 millones de trabajadores migrantes y empleados de multinacionales de los 14 países que han suscrito dicho acuerdo obtener una cobertura social equiparable a la de los nacionales de los países en los que están asentados”.
Y se continuaba en la noticia afirmando, esta vez entrecomillando palabras del Secretario de Estado de la Seguridad Social española, Octavio Granado, “que va a facilitar la globalización de las prestaciones sociales en un mundo donde el mercado de trabajo ya está globalizado”.

Para terminar afirmando, en palabras de Adolfo Jiménez, Secretario General de la OISS, que “vamos a conseguir que este Convenio Multilateral sea una especie de código de buenas prácticas que pueda extenderse en el futuro inmediato a los países de la Unión Europea y al resto de los países de la comunidad iberoamericana…”.

Ante estas aseveraciones, de inmediato surge la cuestión siguiente ¿qué naturaleza jurídica tiene el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social? Y, como consecuencia ¿cuál es su eficacia jurídica?



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