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La publicidad española discurre en gran parte y sin discusión alguna en cuanto a su eficacia, por el camino de la autorregulación; es un hecho cierto que los tres CDC[1] que desde el año 1996[2] se habían venido sucediendo (a saber: el Código de Conducta Publicitaria, el Código de la publicidad en cine y el Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva (confianza online), habían sido capaces de enfrentarse con aquellos aspectos del fenómeno de la publicidad que la Ley General de Publicidad de 1988[3] parecía no ser capaz y, por tanto, podía decirse que habían cumplido y estaban cumpliendo su función: flexibilizar el mercado con una autorregulación que suponía no solo un compromiso deontológico sino jurídico gracias al sometimiento, en su aplicación, al Jurado de Autocontrol. Los Códigos habían sido incluso bendecidos y con razón en Europa[4] y por la Agencia Española de Protección de Datos al haber dado su visto bueno antes de su inscripción en el Registro de CDC que ella misma gestiona[5].

Pero hoy, 9 de marzo 2011, esta confianza depositada tanto a nivel nacional como europeo en los desarrollos auto-regulativos se pone por primera vez en tela de juicio  por el Consejo de Estado. En su informe sobre las posibilidades de actuación contra anuncios de contenido sexual y prostitución publicados a diario en diversos medios de comunicación de prensa escrita, cuestiona ese “savoir faire” de la autorregulación en dicho ámbito (Título IV), dando como botón de muestra de su insuficiencia la resolución de 15 de diciembre de 2005 de Autocontrol en la que no para un anuncio de contacto sexual al no aparecer inmerso en un medio dirigido a menores o al estar en un medio del que se acepta que el menor no debe tener acceso.



Por Olivier Soro Russell 
PDI en formación, Programa FPU del MEC - Dpto. Derecho Civil UCM
 


Los pasados días 17 y 18 de febrero de 2011 tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela el I Coloquio franco-español sobre el Derecho de Obligaciones, destinado al estudio comparativo de los diferentes anteproyectos de reforma del Derecho de Obligaciones existentes en la actualidad en España y Francia.

Tan singular acontecimiento fue organizado por consagrados juristas españoles, franceses y alemanes, cuya sola presencia bastaba para garantizar la gran calidad científica de dicho acto. No en vano en los comités organizador y científico se encontraban los Profesores Philippe Brun (Univ. De Savoie), Luis Díez-Picazo (Univ. Autónoma de Madrid), Denis Mazeaud (Univ. Paris II), Reiner Schulze (Univ. de Münster), Mª Paz García Rubio o Javier Lete (Univ. Santiago de Compostela).  


Este primer coloquio franco-español, sobresalientemente organizado, se estructuraría en dos jornadas marcadas por la alta talla científica de sus ponentes y el ambiente de diálogo cordial entre tres culturas jurídicas diferentes como son la alemana, la francesa y la española.


El código de autorregulación sobre argumentos ambientales en las comunicaciones comerciales

María del Lirio Martín García
Profª Contratada Doctora, miembro del equipo de I+D

Universidad de Valladolid
                 El Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP) suscribieron hoy un acuerdo de colaboración para difundir y potenciar el empleo responsable de argumentos ambientales en los anuncios.
                La agencia AEACP, integrada por 45 agencias, se compromete a difundir el Código de Autorregulación sobre mensajes ambientales promovido por el Ministerio de Medio Ambiente.
                El Ministerio de Medio Ambiente considera que los mecanismos de regulación voluntaria pueden constituir, en primer término, una opción eficaz para promover una publicidad socialmente responsable, que asegure una competencia entre empresas, que facilite a los consumidores argumentos claros y demostrables para permitir decisiones de compra.
(Extracto de la noticia publicada en el periódico digital Diario siglo XXI).
 
De todos es conocida la innegable conexión existente entre la autorregulación y la responsabilidad social empresarial, en tanto que a través de la primera se elabora el marco en el que se fundamenta la segunda. La sensibilización de los sectores empresariales o profesionales hacia nuestro entorno ambiental se ha puesto de manifiesto en los numerosos códigos de conducta que han y están proliferando en estos últimos tiempos, con especial relevancia en el ámbito de la publicidad comercial (véase la web de autocontrol, Asociación para la Regulación de la Publicidad Comercial).
                La pregunta que nos surge a continuación es la siguiente: ¿son los códigos de conducta un instrumento adecuado para contribuir a la protección del medio ambiente, o simplemente se trata de un medio para mejorar la imagen de los profesionales ante sus clientes?
                La respuesta no es sencilla. Es evidente la evolución que han experimentado los contenidos de las comunicaciones comerciales, fruto de la presencia de un consumidor más informado y formado, que no sólo demanda un producto, sino que se preocupa de otros aspectos (lugar de origen del producto, los trabajadores que participan en su elaboración, cuestiones medioambientales…). Aunque, evidentemente, todos estos aspectos pueden quedar desdibujados o desplazados en una época de grave recesión económica como la que vivimos en la actualidad, donde la principal preocupación para el cliente sea el precio final de su adquisición.
                Por otro lado, resulta un tanto curioso o llamativo que en el código de conducta sobre argumentos ambientales en las comunicaciones comerciales, se insista en el aspecto informativo del mensaje publicitario. ¿Hasta qué punto se puede exigir a la publicidad comercial que informe? El objeto de cualquier comunicación comercial es el incremento de la contratación, la búsqueda del beneficio empresarial a través de la sugestión, de la creación de una imagen, de la búsqueda de un deseo, una quimera, tal vez, algo que nos haga sentir bien, únicos, diferentes….la información a través de la publicidad se producirá de forma colateral. De todos modos disponemos de otras herramientas para lograr un objetivo informador, la publicidad institucional. Publicidad e información constituyen un binomio con claras y marcadas fronteras que no conviene difuminar, sino más bien todo lo contrario, a fin de garantizar la protección de sus destinatarios y evitar el engaño o la inducción a error.
                Ahora bien, no podemos desdeñar el compromiso asumido por un grupo de empresas en pro de la mejora de nuestro entorno. Máxime cuando dicho acuerdo se recoge en un código de conducta que cuenta con medios de control y órganos sancionadores, en tanto garantes de que dicho instrumento no se convierta en una mera propaganda o declaración de intenciones.
 


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