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Manuel I. Feliú Rey External link
Prof. Titular de Derecho Civil
Universidad Carlos III de Madrid


Bajo el pretencioso título de este brevísimo comentario a dos leyes (con minúscula), como son la Ley de Economía Sostenible External link y la Ley de Economía Social External link, y  sin perjuicio de otros  posibles comentarios que puedan efectuarse en sucesivas entregas, indicamos ahora que lo primero que causa admiración es la denominación ampulosa de ambas leyes. Parecen ser dos leyes taumatúrgicas que, al unísono y sectorialmente (sostenible – social) son llaves maestras de la economía. Nada más lejos.

Desde luego, el primer reproche que merecen ambas leyes –reproche compartido- es la defectuosa técnica jurídica. Resulta sorprendente que la Ley de Economía Sostenible (en lo sucesivo LECSB) comience paradójicamente –después de un largo desarrollo de principios que dudosamente son cumplidos en el texto legal- con el Capitulo I cuya rúbrica es “Mejora de la calidad de la regulación”. Indiscutiblemente la “Mejora de la calidad de la regulación” debería comenzar precisamente con las leyes que emanan del Congreso, y que desde hace ya varias lustros adolecen (si bien no todas) de la consabida falta de claridad expositiva, rigor técnico y precisión jurídica.

Publicado en: Blog CDC
Viernes, 08 de Abril de 2011 23:27

Nueva Ley sobre Economía Social

Christi Amesti Mendizábal
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Complutense de Madrid



El pasado día 30 de marzo, se publicó en el BOE la Ley 5/2011, de 29 de marzo de Economía Social.

El citado texto legal introduce en nuestro Derecho positivo el concepto de Economía Social. El artículo 2 de la Ley, define la economía social como el conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4 de la propia Ley, persiguen el interés colectivo de sus integrantes o el interés general económico o social, o el de ambos en su caso.

El objeto de la Ley es configurar un marco jurídico común para el conjunto de las entidades que integran la economía social. Sin embargo, el legislador no pretende sustituir, ni modificar de forma sustantiva  la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma el sector. Por el contrario, el fin que se persigue es el reconocimiento y mejor visibilidad de la denominada economía social, siendo su ámbito de aplicación todas las entidades de la denominada economía social que actúen dentro del Estado, sin perjuicio de las competencias que les correspondan a las Comunidades Autónomas.

Publicado en: Blog CDC

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