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TERESA RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL External link

Profesora Titular de Derecho Mercantil

Universidad Carlos III de Madrid
 

 

I.- Antecedentes

Tras tres años de negociaciones y acompañado de una abierta polémica, el 23 de junio de 2011 el Parlamento Europeo aprueba el texto de compromiso acordado una semana antes por el Comité de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento para la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Derechos de los Consumidores. El proceso legislativo que culmina con la aprobación de la futura Directiva arranca con la Propuesta de la Comisión de octubre de 2008 (COM(2008) 614 final) para dotar a los consumidores en el mercado interior de un marco normativo uniforme, actualizado y simplificado. La consecución de estos objetivos de modernización y armonización ha resultado finalmente en la adopción de un único texto normativo que recoja los derechos de los consumidores dispersos hasta ahora en diversas Directivas. La nueva Directiva modifica la Directivas 93/13/EEC y 1999/44/EC sobre cláusulas abusivas y garantías de los bienes de consumo, respectivamente, y deroga las Directivas 85/577/EEC sobre contratos negociaciones fuera de establecimientos comerciales y 97/7/EC sobre contratos a distancia.

II.- Oportunidad de la reforma

La oportunidad de la Directiva parte de la constatación revelada por un estudio de la situación de las ventas transfronterizas en el mercado interior que muestra que la alta fragmentación legislativa derivada de la transposición dispar por los Estados de las Directivas de mínimos parece estar obstaculizando el comercio transfronterizo con consumidores, afectando, en particular, con especial gravedad al comercio electrónico (B2C) por efecto de la reticencia de los consumidores a celebrar contratos con comerciantes de otros Estados, la incertidumbre sobre la normativa tuitiva aplicable y, en consecuencia, los elevados costes de cumplimiento normativo que para los comerciantes implica una estrategia transfronteriza de comercialización.

Publicado en: Blog CDC


La publicidad española discurre en gran parte y sin discusión alguna en cuanto a su eficacia, por el camino de la autorregulación; es un hecho cierto que los tres CDC[1] que desde el año 1996[2] se habían venido sucediendo (a saber: el Código de Conducta Publicitaria, el Código de la publicidad en cine y el Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva (confianza online), habían sido capaces de enfrentarse con aquellos aspectos del fenómeno de la publicidad que la Ley General de Publicidad de 1988[3] parecía no ser capaz y, por tanto, podía decirse que habían cumplido y estaban cumpliendo su función: flexibilizar el mercado con una autorregulación que suponía no solo un compromiso deontológico sino jurídico gracias al sometimiento, en su aplicación, al Jurado de Autocontrol. Los Códigos habían sido incluso bendecidos y con razón en Europa[4] y por la Agencia Española de Protección de Datos al haber dado su visto bueno antes de su inscripción en el Registro de CDC que ella misma gestiona[5].

Pero hoy, 9 de marzo 2011, esta confianza depositada tanto a nivel nacional como europeo en los desarrollos auto-regulativos se pone por primera vez en tela de juicio  por el Consejo de Estado. En su informe sobre las posibilidades de actuación contra anuncios de contenido sexual y prostitución publicados a diario en diversos medios de comunicación de prensa escrita, cuestiona ese “savoir faire” de la autorregulación en dicho ámbito (Título IV), dando como botón de muestra de su insuficiencia la resolución de 15 de diciembre de 2005 de Autocontrol en la que no para un anuncio de contacto sexual al no aparecer inmerso en un medio dirigido a menores o al estar en un medio del que se acepta que el menor no debe tener acceso.

Publicado en: Blog CDC

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