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Home Blog CDC CDCs y Resolución de conflictos

Por José Antonio Colmenero Guerra
Profesor Titular de Derecho Procesal.
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)


I. INTRODUCCIÓN

El 19 de febrero de 2010 el Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre tres anteproyectos de Leyes: uno sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles; otro sobre reforma de la Ley de Arbitraje y de Regulación del arbitraje institucional en la Administración general del Estado; y un tercero de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para hacer efectivo los cambios en materia de arbitraje y mediación. 

Con la presentación de dichos anteproyectos el Ejecutivo trata de cubrir dos aspectos: por un lado, cumplir el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia (2009-2012) que contempla, dentro de sus ejes de actuación, y como cambios a realizar, el que el ordenamiento cuente con nuevos sistemas de mediación y arbitraje; por otro, estas actuaciones están previstas en la «Estrategia de Economía Sostenible».

En efecto, dentro de la «Estrategia de Economía Sostenible», y en relación con las actuaciones que competen al Ministerio de Justicia, se contemplan las que son objeto de nuestra atención. 

Se entiende, dentro de dicha estrategia, que la generación o mejora de los métodos de solución extrajudicial de conflictos, en el ámbito de los asuntos civiles y mercantiles, coadyuvarían a la mejora de la economía, en este caso facilitando o generando soluciones rápidas, sencillas, eficaces y económicas. 

De la misma manera, el Plan Estratégico de Modernización, a través de su eje estratégico relativo a «un Servicio Público orientado a las personas», prevé el desarrollo e implantación de nuevos mecanismos de resolución alternativa de controversias, para lo que se considera necesario llevar a cabo medidas organizativas y legislativas. Con ello se pretende (como objetivo) «contribuir a descongestionar los tribunales que actualmente operan en muchos casos como única vía de solución de los conflictos intersubjetivos y, por otro, ofrecer a la sociedad nuevas formas de arreglo de problemas, quedando el recurso a los tribunales como ultima ratio». 

Esta idea no sólo se comparte por el ejecutivo, sino que también se encuentra incluida en el Plan de Modernización de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial, que entre sus ejes, en concreto en el número sexto relativo al impulso de las reformas procesales, contempla reformas en materia de mediación civil y penal.

Publicado en: Blog CDC

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